El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Río Uruguay rechazó el proyecto de la represa en el arroyo Ayuí Grande, puesto que lo considera “inadmisible” y califica de “inexplicable” el “vacío en la toma de posición por parte de las instituciones fundamentales” de la Provincia.
En un comunicado, que lleva las firmas del secretario general José Alejandro Cetina, y la secretaria de Actas y Administración María del Carmen Rodríguez, la entidad expresa que el emprendimiento “es inadmisible” y considera “inexplicable el vacío en la toma de posición por parte de las instituciones fundamentales de la provincia, como los Consejos Profesionales, de Abogados y de Ciencias Económicas, Consejos Directivos de las Facultades de Agronomía, Veterinaria, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, la Universidad Nacional del Noreste y el Inta, respecto del decreto que autoriza represar las aguas del Ayuí, para utilizarlas en producción agropecuaria, sin evaluar el estudio de impacto ambiental”.
Otro de los párrafos señala también que es “repudiable” la actitud del saliente gobernador Arturo Colombi, al firmar el decreto que “autoriza la instalación de la represa a 48 horas de entregar el cargo y la del nuevo gobernador, Ricardo Colombi, en concomitancia con el ruralismo en la valoración del proyecto, de designar como ministro de la Producción, a un arrocero, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz y profesor de la Facultad de Agronomía en la cátedra de cultivo del arroz, el cual defendió en la audiencia pública de Mercedes la aprobación para instalar dicho proyecto”, manifiestan los integrantes de la CGT Río Uruguay.
Otro de los considerandos indica que constituye una “obligación del Estado” recurrir a los profesionales de las ciencias económicas y sociales, para realizar un análisis prospectivo del marco económico del proyecto, dado que la estrategia comercial es la exportación del grueso de los productos que se generarán; “sin considerar el mercado interno, en el que el producto ha tenido una suba de precios irrazonable”.
Además, cuestionan la no realización de un estudio sobre la rentabilidad de los costos y beneficios de las actividades que se realizan (producción agropecuaria, turismo, salud) y de una medición del efecto sobre la fauna, el bosque nativo y los perjuicios a los productores y pobladores que recibirán los flujos de agua contaminada”, aseguran.
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