Tras visitar al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Rubín, los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) confirmaron que impulsarán unas 200 demandas contra el Ejecutivo Provincial y tratarán así de que la Justicia restituya los puestos de trabajo a los cesanteados. Los gremialistas anticiparon que en algunos casos utilizarán la figura del recurso de amparo en tanto que en otros la del Juicio Contencioso Administrativo.
Dos de los gremios de la administración pública provincial (ATE y CTA) se reunieron ayer con el presidente de la Corte Provincial Carlos Rubín para manifestar su preocupación por la cantidad de cesantías producidas en el Estado durante los primeros meses del 2010, (especialmente en las áreas de Desarrollo Humano y Salud). Durante el encuentro los sindicalistas señalaron las falencias en las que, a su entender, habría incurrido el Poder Ejecutivo al dejar sin efecto nombramientos y recategorizaciones.
En tal sentido se supo que cuestionaron el modo de comunicar los despidos a los agentes estatales y también denunciaron el ingreso a la administración pública de personal jerárquico sin carrera administrativa.
Rubín escuchó los planteos pero indicó que el Poder Judicial no puede efectuar declaraciones generales sino que actúa ante los casos particulares, no obstante explicó que si la intención del sector es impulsar demandas contra el Gobierno pueden hacerlo con acciones de amparo, o bien iniciar los planteos contencioso administrativos.
“Ambas vías son legítimas y de acuerdo a la reforma constitucional del año 2007 incluso una acción no inhibía a la otra”, dijo el ministro del STJ. Remarcó entonces que se debe apelar al amparo cuando un derecho constitucional se encuentra lesionado, pero en los juicios contra el Estado existen también medidas cautelares.
“Fue una reunión muy positiva”, dijo tras el conclave el referente de la CTA Feliciano Romero y seguidamente confirmó que los datos ofrecidos por el presidente de la corte serán tenidos en cuenta a la hora de realizar las presentaciones judiciales contra el Gobierno de la Provincia.
“Tenemos aproximadamente 200 demandas listas”, dijo el secretario general de la CTA y agregó que la mayoría de ellas son contencioso administrativas, pero que ahora van a revisar cada uno de los casos para determinar cuales estarían en condiciones de ingresar a otros juzgados a través de la vía del amparo.
Sucede que con el recurso de amparo, los demandantes se aseguran una respuesta rápida mientras que en un juicio contencioso administrativo la resolución del caso puede demorar. “Las injusticias más graves son las que vamos presentar a través de amparo, mientras que los otros casos irán a juicio”, dijo Romero pero remarcó que en caso de que los amparos no resulten favorables al trabajador, insistirán con el reclamo en el Juzgado Contencioso Administrativo.
“Vamos a agotar todas las instancias”, aseguró el gremialista correntino. En este sentido es importante recordar que en el sector de Salud Pública el Estado accedió a recontratar a todos los enfermeros que habían sido despedidos y también analizarán la situación de algunos de los médicos que perdieron sus puestos de trabajo durante la última “limpieza” estatal.
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